Cita Previa Renta Garantizada

No obstante, no se complementará cuando el solicitante de la RGC sea titular de posibilidades de la Seguridad Social o de algún otro sistema público de protección, seguro de ciertas excepciones establecidas en su normativa reguladora. f) Que la persona solicitante, o cualquiera de la gente pertenecientes de la unidad familiar, no haya renunciado a una oferta de empleo adecuada, según normativa laboral vigente, o haya provocado baja facultativa en su trabajo, ya sea por cuenta propia o extraña, en los tres meses precedentes a la presentación de la petición de la renta social garantizada. Las personas que están en situación de riesgo en Cataluña tienen la posibilidad de procurar solicitar la renta garantizada de ciudadanía, una asistencia asistencial destinada a contemplar las pretensiones básicas para vivir.

Las solicitudes de prestación de la renta garantizada de ciudadanía tienen la posibilidad de ser presentadas por el titular o por una tercera persona que legalmente lo represente. La prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía se finanza al cargo del presupuesto de la Generalidad, además de las aportaciones económicas que puedan realizar otras administraciones públicas.

¿Cómo Se Solicita La Renta Garantizada?

g) Restituir la prestación caso de que se haya percibido inadecuadamente. e) Mantenerse anotados en el Servicio Público de Empleo de Cataluña y no rechazar una oferta de empleo adecuada, según la normativa reguladora de la prestación por desempleo. Para alcanzar estos objetivos, la Comisión Europea ha creado la Interfaz europea contra la pobreza y la exclusión social como elemento de deber conjunto entre todos y cada uno de los estados miembros y las instituciones de la Unión . Entre los retos o puntos clave de la Interfaz y su lucha contra la pobreza y la exclusión social está la promoción de una renta mínima. La pelea contra la pobreza y la exclusión social es uno de los compromisos mucho más firmes de la Unión Europea, ya que las desigualdades de renta y la extrema pobreza son temas que preocupan y ocupan cada vez más en toda la Unión. De la misma forma, tiene en cuenta el principio de atención individualizada. Por esto, la prestación debe contestar en cada caso a las condiciones y pretensiones particulares de sus receptores, sin olvidar, en su caso, las peculiaridades de los conjuntos o colectivos a los que forman parte.

De esta manera, la Unión Europea se expone el propósito de reducir en veinte millones el número de personas en situación de pobreza y exclusión popular para el año 2020. Justo o sea que en la Unión Europea hay el día de hoy más de ochenta millones de personas en situación de riesgo de pobreza, entre ellas veinte millones de pequeños y el 8% de la población activa. Además, la regulación de la prestación es una manifestación del principio de estabilidad, tal es así que se mantiene la percepción de la prestación mientras que persista la situación de exclusión social que la ha originado y el cumplimiento de los requisitos, las condiciones y las obligaciones establecidos.

Ley 5

Los titulares de la prestación complementaria de activación y también inserción de la renta garantizada de ciudadanía deben acordar y subscribir un acuerdo de inclusión social o laboral que defina las acciones concretas adaptadas a las necesidades de cada integrante de la unidad familiar para impedir el peligro o la situación de exclusión. Las personas tienen derecho a percibir la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía por todo el tiempo en el que se acredite la situación de necesidad y se cumplan los requisitos establecidos por el producto 7. «1. El período de resolución para las solicitudes de la renta garantizada de ciudadanía que estén atentos de resolución en la fecha de entrada en vigor del Real decreto ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo escencial, de personas beneficiarias que podrían tener derecho a la prestación estatal, quedará suspendido hasta la resolución del ingreso mínimo vital.

  • Una vez percibida la indemnización, deben devolver las prestaciones de la renta garantizada de ciudadanía como máximo hasta el importe de la prestación que han percibido, sin perjuicio de actualizar la petición de ingreso a la renta garantizada de ciudadanía si se cumplen los requisitos.
  • Si se han cumplido todos los trámites administrativos pertinentes y el titular ha anunciado la documentación o alegación necesarias y no se notifica la resolución definitiva en el plazo establecido, se comprende que la suspensión se ha dejado sin efecto.
  • La resolución determinante sobre la suspensión debe adoptarse en el período de tres meses a contar desde la fecha de la suspensión cautelar.
  • Los beneficiarios de una pensión no contributiva por invalidez o jubilación del sistema de la seguridad social están en su derecho a una prestación complementaria a cargo de la Generalidad, mientras que cumplan el resto de requisitos que marca la presente ley.
  • Si el titular no presenta la documentación en el plazo predeterminado, la prestación se comprende extinguida.

Dicho intérvalo de tiempo previo de residencia no va a ser exigible a las personas emigrantes retornadas extremeñas. Asimismo cumple este requisito la persona que haya estado empadronada o haya tenido la residencia eficaz un total de un año, de forma continuada o interrumpida, de los cinco en el instante anteriores a la petición. En la situacion de personas refugiadas, asiladas y las víctimas de crueldad de género o de explotación sexual o trata no se demandará tiempo mínimo de vivienda. En el caso de extranjeros, se demandará residencia legal en España.

¿se Puede Cobrar Mucho Más De Una Prestación Social?

La situación de la gente con menos recursos en Cataluña y, sobre todo, la emergencia popular que ha conllevado la crisis económica hicieron aflorar una idea legislativa popular sobre la renta garantizada de ciudadanía para fomentar una ley que diese cumplimiento al artículo 24.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña. La iniciativa legislativa, que recogió 121.191 firmas, empezó a tramitarse a fines de la X legislatura y ha continuado en la XI, con la reformulación de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios y los subsiguientes trabajos en la ponencia. Frente a las dificultades esgrimidas para solucionar algunos puntos, nuestra ponencia encargó a la Comisión Promotora y al Gobierno efectuar los trabajos necesarios para lograr un convenio para el establecimiento de la renta garantizada de ciudadanía. El acuerdo se firmó el 15 de mayo de 2017 y fué incorporado al texto de la presente ley junto con todos y cada uno de los trabajos completados en el marco de la ponencia por los grupos parlamentarios. c) Perceptores de la renta garantizada de ciudadanía que obtengan un contrato de trabajo a tiempo parcial con unos ingresos inferiores al importe correspondiente de la renta garantizada de ciudadanía. En este caso, el importe de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía radica en la diferencia entre las rentas del trabajo y el importe de la prestación, según con lo establecido por la predisposición transitoria tercera, en un inicio durante seis meses.

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En el caso de que se produzca una modificación de importe a la baja, el titular de la prestación económica debe devolver, si procede, la cantidad indebidamente percibida desde el día 1 del mes siguiente al mes en que se ha producido la variación. Si la modificación es en alza, el órgano competente debe abonar, como atraso, las diferencias pendientes de percibir desde el día 1 del mes siguiente por mes en que se ha producido la variación. Las personas que, según el organismo encargado de la gestión de la prestación, en colaboración, si procede, con los servicios sociales municipales, y teniendo en cuenta el criterio de estos servicios, no están en situación de incorporarse al mercado de trabajo a corto o medio período. c) No renunciar, de modo voluntario, a otra prestación o asistencia que estén percibiendo en el momento de entrar al derecho a la renta garantizada de ciudadanía. Los poderes públicos, en especial la Generalidad, tienen que destinar los recursos necesarios para que se lleven a cabo las posibilidades de servicio con apariencia de políticas activas necesarias enlazadas a los proyectos de inserción y de inclusión. Estos recursos tienen que hacer más simple recorridos, acciones y servicios de inclusión e integración social para las personas que necesitan acompañamiento y acompañamiento de carácter social, tal como políticas activas de empleo que aseguren el derecho de la gente a ser empleables. Estas actuaciones se piensan, a todos y cada uno de los efectos, posibilidades de servicio.

En cualquier caso, estas personas están en su derecho a la concesión provisional de la renta garantizada de ciudadanía hasta que perciban la indemnización laboral. Una vez percibida la indemnización, deben devolver las prestaciones de la renta garantizada de ciudadanía como máximo hasta el importe de la prestación que han percibido, sin perjuicio de actualizar la solicitud de acceso a la renta garantizada de ciudadanía si se cumplen los requisitos. Los beneficiarios de una pensión no contributiva por invalidez o jubilación del sistema de la seguridad social tienen derecho a una prestación complementaria a cargo de la Generalidad, siempre y cuando cumplan el resto de requisitos que marca la presente ley. Si el titular no muestra la documentación en el período establecido, la prestación se entiende extinguida. La resolución determinante sobre la suspensión debe adoptarse en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de la suspensión cautelar. Si se han cumplido todos y cada uno de los trámites administrativos pertinentes y el titular ha anunciado la documentación o alegación necesarias y no se avisa la resolución definitiva en el plazo establecido, se entiende que la suspensión se ha dejado sin efecto. Si se resuelve no suspender la prestación, sea de manera expresa o tácita, la persona titular tiene derecho al cobro de las cantidades que ha dejado de percibir a lo largo del tiempo de la suspensión cautelar.

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